Gobierno ve con optimismo la reforma al SEIA luego que la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobara ayer el proyecto en particular

“Tenemos una buena noticia”, dijo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego que la iniciativa legal fuera despachada a la Comisión de Hacienda para luego pasar a la Sala del Senado. La autoridad agregó que “con algunas cosas me quedo contenta, con otras no tanto”, en referencia a las modificaciones hechas a la iniciativa durante un año de tramitación. El proyecto, que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para que sea más eficiente y menos politizado, es el tercer intento de modificación de la Ley 19.300 en casi una década.

Casi un año después de iniciado en el Congreso el estudio del proyecto de ley (boletín N 16552-12) para la reforma de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer la iniciativa, que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda del Senado, paso previo a ser votada en Sala y, de esta manera, completar su primer trámite constitucional.

La iniciativa legal fue ingresada al Congreso el 10 de enero de 2024 por el Ejecutivo, que la denominó “Evaluación Ambiental 2.0”, y cuyo objetivo principal es fortalecer la institucionalidad ambiental y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La Comisión de Medio Ambiente del Senado abordó el proyecto en las sesiones de este lunes y martes, para analizar las indicaciones ingresadas -tanto por el Ejecutivo como por algunos parlamentarios-, luego que un Comité de Expertos presentara algunas propuestas que le fueron solicitadas por la misma Comisión, previa probación general de la iniciativa tanto por la misma Comisión (mayo) como por la Sala del Senado (junio).

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que participó en ambas sesiones esta semana, mostró su satisfacción luego del despacho a la Comisión de Hacienda: “Tenemos una buena noticia. La Comisión de Medio Ambiente del Senado acaba de aprobar en su discusión en particular el proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental 2.0. El objetivo principal de esta reforma es el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, haciéndola más eficiente sin bajar los estándares medioambientales”.

“Recordemos que una reforma así se había intentado dos veces anteriormente sin éxito, por lo tanto, estamos contentos de terminar esta importante etapa”, agregó la ministra Rojas, quien estuvo acompañada por el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Sebastián Aylwin.

También el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, senador (UDI) Sergio Gahona, recordó los anteriores intentos fallidos por modificar la Ley 19.300. “Después de un año y unos pocos días de tramitación, este proyecto ha sido despachado por esta Comisión y se va a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la Sala, lo que esperamos sea dentro de este mes de enero. Así es que, felicitaciones ministra. Hay que recordar que esta Ley 19.300 ya tiene 30 años y este es el tercer intento y ya hemos pasado dos vallas, porque antes ni siquiera pasábamos la valla de votación en general. Se votó en general en el primer trámite constitucional y ahora en particular, así que ya por lo menos se ha avanzado”, comentó Gahona al dar por terminada la sesión de ayer, poco después de las dos de la tarde.

Inmediatamente después, Maisa Rojas le respondió agradeciendo al equipo de la Comisión por su trabajo y subrayó que “el objetivo del proyecto de ley es dar más certeza y disminuir los tiempos de tramitación de la evaluación ambiental, entendiendo que estamos en una situación, por un lado, de degradación medioambiental compleja, pero también una crisis de cambio climático que requiere con urgencia poder avanzar en cierto tipo de inversiones en el país”.

“Con algunas cosas me quedo contenta, con otras no tanto”, agregó la titular del Medio Ambiente en relación a las modificaciones hechas a la iniciativa durante el año de tramitación. Entre otras cosas, valoró que se incluye más participación, la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se elimina el Comité de Ministros y se da al Estado la posibilidad de hacerse parte de la reparación por daño ambiental.

“En algunas otras cosas no llegamos a acuerdo, pero queda la Comisión de Hacienda, la Sala, el segundo trámite y probablemente un tercero. Así que esperamos que en la continuidad de la tramitación podamos ir mejorando, porque es importante que podamos tener una buena reforma”.

Junto a Gahona, la Comisión está integrada por la senadora (PS) Isabel Allende, y los senadores Francisco Chahuán (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Rafael Prohens (RN). En la cita de ayer también estuvo presente el senador Alfonso De Urresti (PS), quien había presentado varias indicaciones al proyecto.

La Ley 19.300 fue promulgada en marzo de 1994, y existe consenso sobre la necesidad de modernizarla, aunque con diferentes énfasis, lo que ha llevado al fracaso de dos intentos previos de hacer una reforma profunda al SEIA: en 2018 el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto, que fue reemplazado por otro de la misma administración en 2019 y que, finalmente, no prosperó; previamente, en 2016 la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión asesora para la reforma del SEIA, cuyas recomendaciones no se plasmaron en una iniciativa legal que llegara al Legislativo.

“La Comisión de Medio Ambiente del Senado acaba de aprobar en su discusión en particular el proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental 2.0. El objetivo principal de esta reforma es el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, haciéndola más eficiente sin bajar los estándares medioambientales”.Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente.

Temas controvertidos

Uno de los temas con los cuales el Ejecutivo no quedó contento fue con la eliminación del Registro de Consultores, según reiteró ayer en la sesión la ministra Rojas, al discutirse dos indicaciones que eran improcedentes por referirse a dicho registro. “Este registro de consultores tenía el sentido de asegurarnos que tengamos buenos Estudios [de Evaluación Ambiental]. Cuando se discute sobre el hecho de que la evaluación ambiental es lenta, se demora mucho, hay siempre el argumento de que el SEA cumple con los plazos del servicio, pero que los titulares [de los proyectos] tienen que suspender para responder una serie de observaciones. Nos hacemos cargo de eso en el proyecto, pero hay otro argumento que muchas veces se da y es que los Estudios no son muy buenos y por eso tienen que suspender y tienen falencias importantes y a eso apuntaba tener el registro de consultores. (…) Era una propuesta que lamentamos que no haya quedado”, comentó la autoridad del MMA.

Otro de los temas tratados ayer a partir de una indicación fue la obligatoriedad de informar sobre los proyectos en evaluación a las organizaciones que forman parte del Catastro de Organizaciones de Interés Público (OIP), que actualmente cuenta con 44.250 entidades inscritas. La ministra Rojas comentó que al Ejecutivo le pareció “excesivo y poco práctico” incluir esa obligación, particularmente porque le informaron que el registro no podía ser desagregado por comunas.

El senador De Urresti, autor de la indicación, mostró su desacuerdo y pidió expresamente que en la historia de la ley quedara establecido que “esta indicación se funda en los principios de transparencia, acceso a la información, fortalecimiento de la participación ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales [Acuerdo de Escazú], y el argumento que el Ejecutivo está dando para no aceptarla es una situación tecnológica o de funcionamiento, lo cual me parece inadmisible”.

El parlamentario PS argumentó que las instancias de información que incluye el proyecto no son suficientes, como los carteles, y agregó que “conociendo el área ambiental, si hay algo que repugna es cuando la gente se entera por un tercero -por la prensa o porque se instalan faenas-; eso es lo peor, eso predispone negativamente”.

En la jornada del lunes, uno de los temas controvertidos fue la discusión sobre cómo se deben evaluar modificaciones sustantivas de proyectos que ya tienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Al respecto el Ejecutivo presentó una propuesta que, a partir de una indicación de la senadora Isabel Allende, planteaba que un proyecto o actividad “cuyas partes, obras o acciones se desarrollen dentro de las mismas áreas de influencia ya evaluadas e intervenidas, solo requerirá una nueva evaluación ambiental si existieren nuevos impactos ambientales de magnitud o duración sustantiva. Las modificaciones que solo impliquen una mejora tecnológica no requerirán una nueva evaluación. Corresponderá al reglamento al que se refiere el artículo 13 regular las circunstancia a las que se refiere este inciso”.

Esto fue rechazado, manteniendo en consecuencia una indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano), que ya había sido aprobada, y que establece: “Las modificaciones de proyectos o actividades que se requieran ejecutar al interior de una faena o instalaciones que ya cuenten con una o más resoluciones que las califiquen ambientalmente, quedarán eximidas de la obligación prevista en el inciso anterior, sin perjuicio de la obligación de dar cumplimiento a la normativa sectorial que resulte aplicable. El reglamento establecerá estas circunstancias de excepción”.

Frente a esta situación, se generó un duro debate, y se espera que el Ejecutivo busque revertir la decisión en la Cámara. La ministra Maisa Rojas fue tajante: “Me parece grave el retroceso que se está permitiendo; recordemos que uno de los principios fundamentales del derecho ambiental es el principio precautorio y también que no se pueda retroceder., y acá se está desregulando, en circunstancias que estamos ante una degradación ambiental cada vez más grave (…) Me parece grave este nivel de desregulación”.

El senador Lagos Weber, partidario de aceptar la propuesta del Ejecutivo, consideró que la indicación de la senadora Aravena es “a contrapelo de todo lo que hemos venido planteando. Este proyecto tiene como objetivo que, sin rebajar ningún estándar ambiental, mejorar la forma en que se aprueban los proyectos, los tiempos, las condiciones, los procedimientos; y aquí lo que hacemos es dar una suerte de carta blanca a partir de que si hay una aprobación, con ciertas condiciones, y cuando tenga una modificación ya está listo. Encuentro que esto es un retroceso”. Coincidió con él la senadora Allende, señalando que esa indicación “rompió el espíritu inicial y todo lo que habíamos avanzado”.

“Hay que recordar que esta Ley 19.300 ya tiene 30 años y este es el tercer intento y ya hemos pasado dos vallas, porque antes ni siquiera pasábamos la valla de votación en general. Se votó en general en el primer trámite constitucional y ahora en particular, así que ya por lo menos se ha avanzado”.Sergio Gahona, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

¿Quién califica?

Este proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 busca, junto con optimizar el proceso de evaluación ambiental, también despolitizarlo. Por esta razón, una de las propuestas relevantes es la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA), ambos órganos colegiados compuestos por autoridades políticas.

Durante el año de tramitación se hicieron varias propuestas para reemplazar esas instancias en cuanto a institucionalidad que evalúa y califica los proyectos, como un Consejo Directivo o un Consejo de Reclamación, pero fueron rechazadas.

El proyecto original dejaba la calificación de los proyectos radicada a nivel unipersonal en el Director Ejecutivo o el Director Regional del SEA, según sea el caso. Además, planteaba fortalecer la labor del comité técnico -formado por algunas autoridades regionales y municipales, entre otros- como asesor del Director en la evaluación, pero sin calificar.

Luego de largos debates, el proyecto fue despachado desde la Comisión del Medio Ambiente del Senado con una fórmula similar al proyecto original. Esto es, la calificación “fundamentada” en manos del Director Ejecutivo o Director Regional del SEA, además de incorporar un sistema recursivo y la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Ambiental correspondiente.

Sobre este punto, luego de la votación de ayer, un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente destacó “la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones, siendo reemplazado por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Asimismo, tras la eliminación de esta instancia, tanto comunidades o titulares de proyectos de inversión podrán optar por recurrir de manera inmediata a los tribunales ambientales, reduciendo los plazos en la fase de impugnación”.

El informativo agrega que se fortalecerá la rectoría técnica del SEA, entregando facultades para delimitar el rango de acción de los pronunciamientos de los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAs) a las materias que son de su exclusiva competencia. Además, “se establece un procedimiento de urgencia que permite reducir hasta la mitad los plazos de evaluación en caso de necesidades públicas urgentes, manteniendo el estándar técnico requerido para su calificación favorable”, subrayó el MMA.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir arriba