Andrea Sanhueza y la adhesión de Chile a Escazú: “El sector privado y los proyectos de inversión deben cambiar su forma de entender el Acuerdo”

La representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y el Caribe para el Convenio de Escazú celebra la decisión adoptada por el gobierno de Gabriel Boric, que finalmente hoy suscribirá el proyecto de adhesión al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Una vez que Chile se sume como Estado Parte, señala la experta, las comunidades podrán ejercer una participación temprana en los proyectos. Además, asegura que Escazú no frenará proyectos de inversión, como asume cierto sector del mundo empresarial, ya que el Acuerdo ofrece una solución estratégica en un contexto de crisis climática y alta conflictividad socioambiental en Chile.

o primero que a Andrea Sanhueza le parece relevante aclarar es que Chile hoy no “firmará” ni “ratificará” el Convenio de Escazú, como se ha anunciado a través de la prensa. Sí sucederá, en cambio, que el nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric suscribirá un proyecto de adhesión al citado convenio regional, oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (su segundo nombre Escazú deriva de la ciudad de Costa Rica donde se originó).

“La firma y la ratificación ya no corre. El plazo para este trámite fue de dos años y ya se acabó en marzo de 2020. Recordemos que Chile, en el gobierno de Sebastián Piñera, no firmó el acuerdo. Lo que ocurrirá mañana (hoy viernes) es que el Estado de Chile suscribe un proyecto de adhesión que envía al Congreso. Una vez aprobado ahí, el proyecto llega a la Oficina de Tratados Internacionales de la ONU, que se toma un máximo de tres meses para oficializar la adhesión, de manera que Chile pase a ser Estado Parte del convenio”, explica Sanhueza, representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y el Caribe para el Convenio de Escazú y directora del centro de estudios independiente Espacio Público.

Aunque solo había especulaciones respecto del día en que se confirmaría la adhesión a Escazú, ayer el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, confirmó que el Gobierno hará efectivo el trámite este viernes. Así, a más tardar en agosto próximo, supeditado a los tiempos del Congreso Nacional, Chile debiese ser Estado Parte de este acuerdo que descansa en cuatro pilares básicos, todas en materia ambiental: garantías para la participación ciudadana; acceso a la información pública; acceso a la justicia; y propiciar protección y resguardo de las y los defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú, promovido inicialmente por Costa Rica y Chile, aunque luego rechazado por nuestro país, ya está en plena vigencia: se requería al menos 11 países que lo ratificaran (es decir, que haya sido visado por el Congreso de cada país) y actualmente tiene 12. Con esos Estados Parte, Escazú -el primer acuerdo de política ambiental para América Latina y el Caribe, que comprende un instrumento jurídico internacional vinculante- celebrará su primera Conferencia de las Partes entre el 20 y el 22 de abril próximos en la sede de la CEPAL en Santiago, y Chile solo hará las veces de país observador (el mismo estatus que tienen otros 21 países que no han firmado y/o ratificado el Convenio).

A juicio de Andrea Sanhueza, que Chile sea Estado Parte lo pondrá a la vanguardia de la protección ambiental a nivel internacional y permitirá que muchos casos que habitualmente llegan a la justicia sean mejor canalizados a través del ejercicio de derechos de las comunidades.

-Andrea, primero que todo, ¿sientes que la adhesión a Escazú por parte de este gobierno es un acto de reparación del Estado chileno ante la comunidad internacional por la mala imagen que quedó del anterior por el rechazo a la firma del Convenio, y porque éste, en principio, lideró junto a Costa Rica la promoción de este acuerdo?

-Exactamente. Esto se trata de la voluntad política y del compromiso de reconocer que los derechos a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son de total relevancia. En el gobierno anterior perdió la presidencia de Escazú, siendo que motivó y lideró el proceso y puso mucho capital político para llevar esto adelante.

-¿Qué consecuencias ha tenido para Chile no firmarlo con premura?

-Efectivamente el sector privado o los proyectos de inversión deben cambiar su actitud o su forma de entender Escazú. En varios países se ha dado información falsa del Convenio y algunos lo han entendido como que fuera a frenar algunos proyectos. La otra forma de verlo -y es la visión a la que nosotros invitamos- es que reconociendo que en Chile y en la región hay muchos conflictos ambientales, que la ciudadanía está más involucrada en las decisiones que afectarán su entorno, que hay una crisis climática, que hay altos niveles de desigualdad social, Escazú viene a ser una gran herramienta estratégica que guía y orienta cómo abrir esta discusión a más actores. Si hay más canales de diálogo, establecidos y coordinados por el Estado, los conflictos ambientales se deberían reducir en el mediano plazo. Es como un cambio de paradigmas. El sector privado no puede seguir pensando en hacer las cosas como se hacían hacía 100 o 50 años. No se puede. El 8 de marzo te quiero contar que hubo un seminario organizado por la CEPAL con la banca multilateral: el BID, el Banco Mundial, el Banco de Cooperación e Integración de Centroamérica, la OCDE. Toda esa banca felicitó que exista Escazú en la región. Toda la banca manifestó cómo sus propios marcos contienen elementos de Escazú. El mensaje fue: hay convergencia ya que es lo que la banca promueve para los proyectos que apoya. Hay mucha sintonía y complementariedad con lo que establece Escazú. Es una herramienta para lograr mayor gobernabilidad. Con esto no quiero decir que sea imposible tomar decisiones de proyectos de inversión. Obviamente tiene que haberlos y la economía tiene que crecer, pero no a costa del medio ambiente y a costa de la desigualdad. El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que vendría a ser como la Alianza de Empresas Mundiales para el Desarrollo Sostenible tiene un plan al 2050 y promueve exactamente lo mismo. No es un paso fácil, pero es un paso imprescindible que, tarde o temprano, tenemos que dar.

-Una vez que entre en vigencia Escazú, ¿cambia radicalmente el panorama para las comunidades?

-Bueno, tuvo dos consecuencias importantes. La primera: nos perdimos cuatro años en ir avanzando en la implementación de estos derechos. Es importante destacar que Escazú tiene un capítulo que habla sobre la responsabilidad del Estado de proteger la actividad de los defensores y defensoras ambientales. Defensor ambiental puede ser cualquier persona: si tú te organizas con la comunidad donde vives para defender tu entorno o el estado del aire, serás un defensor ambiental. Cada vez más los defensores ambientales sufren amedrentamiento y amenazas de muerte, y eso es terrible porque el Estado no ha creado un protocolo ni una ley que los proteja, no está consagrado en ningún marco legal. Y la segunda consecuencia: Chile perdió esa gran preocupación que tenía. Nuestro país se ha enorgullecido de tener una política exterior de Estado, que no cambia de gobierno a gobierno, pero se negó a firmar Escazú. Y eso provocó otra consecuencia: como Chile tiene liderazgo en la región, levantó un manto de dudas sobre Escazú en otros países que no quisieron firmar. Eso no le hizo bien a la región. Estamos esperanzados ahora de que apenas Chile sea oficializado como Estado Parte, se sumen otros países siguiendo este ejemplo.

“Escazú viene a ser una gran herramienta estratégica que guía y orienta cómo abrir esta discusión a más actores. Si hay más canales de diálogo, establecidos y coordinados por el Estado, los conflictos ambientales se deberían reducir en el mediano plazo. Es como un cambio de paradigmas. El sector privado no puede seguir pensando en hacer las cosas como se hacían hacía 100 o 50 años”.

La sede de la CEPAL en Santiago acogerá la primera Conferencia de las Partes del Convenio de Escazú, entre el 20 y 22 de abril próximos. Chile solo participará -por ahora- como país observador.

-Con estos principios que definen a Escazú -mayor democracia ambiental, mayor participación de las comunidades-, ¿hubiese sido impensable la aprobación de proyectos de alta repercusión pública como la minera Dominga o ahora último la termoeléctrica Los Rulos en Limache? ¿O al menos hubiesen tenido un destino distinto si este acuerdo hubiese estado vigente en Chile?

-Sí, yo creo que sí. En materia de participación, Escazú dice que la participación debe ser temprana; es decir, en estos proyectos se debe comenzar a contactar a los distintos actores, no solo a la comunidad, sino a los científicos, técnicos, expertos, etcétera, para empezar a recoger las primeras observaciones. La idea es abordar el proyecto desde el diseño, donde se vean las distintas posturas y transparentar los distintos impactos. Estos proyectos no son muy transparentes en cuanto a los impactos que pudieran llegar a tener. Con Escazú vigente no diremos que todo será de la noche a la mañana, pero al menos habrá más instancias de participación. Escazú es muy distinto a cómo hoy funciona el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La participación en este caso debe ser antes de que el estudio de impacto ambiental ingrese al sistema. La gente actualmente no influye en nada. Con Escazú vigente, el Estado tendrá que contactar a las poblaciones directamente afectadas por proyecto; tendrá la obligación de trabajar con los municipios y sumarlos al diálogo. Hoy las comunidades se organizan por sí solas y es una lucha entre David y Goliat.

-No sé si radicalmente porque Escazú dice que cada país lo hace de acuerdo a sus propias capacidades. Pero el Ejecutivo, si tiene voluntad política y esperamos que en el gobierno del Presidente Boric sea así, debiera promover cambios sustantivos y progresivos. Hay que decir que hay una experiencia en Chile al respecto. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet hubo un proyecto de la actual Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad que se llamó Acuerdos Voluntarios de Pre-Inversión, donde se aplicó la metodología de los principios de Escazú. Invitaba a una empresa en el diseño de su proyecto, con el Estado que hacía de coordinador de todos los actores que eran convocados de forma temprana. Solo se implementó en siete proyectos de inversión y luego se acabó. Pero eso demostró que con voluntad se puede modificar cómo las personas participan de un proyecto que las va a afectar.

-Y en ese sentido, ¿qué actitud debiesen adoptar los proyectos de inversión ante la aprobación de Escazú? Lo pregunto porque cierto sector dice que el Convenio afecta los proyectos de inversión. En otras palabras, ¿cuál debiese ser la mirada del mundo empresarial para con Escazú, sabiendo que algunos temen que algunos proyectos de inversión puedan ser frenados?

“Sí, yo creo que sí (hubiese sido impensable la aprobación de Dominga o Los Rulos). En materia de participación, Escazú dice que la participación debe ser temprana; es decir, en estos proyectos se debe comenzar a contactar a los distintos actores, no solo a la comunidad, sino a los científicos, técnicos, expertos, etcétera, para empezar a recoger las primeras observaciones. La idea es abordar el proyecto desde el diseño, donde se vean las distintas posturas y transparentar los distintos impactos”.

-¿Crees que la adhesión a Escazú evitaría la judicialización de muchos casos ambientales en Chile o, por el contrario, la potenciará?

-La evitará. Porque si logramos canalizar los conflictos, si logramos sentar en la mesa a todos los actores involucrados, esto debería bajar la cantidad de pasos que llevan a la justicia. Sabemos que la gente llega a la justicia porque nunca recibió información oportuna sobre de qué era el proyecto, ni tampoco se hacía en un lenguaje comprensible y no técnico. La consulta actualmente es pobre, frágil, entonces se aprueba y la gente reclama y accede a la justicia. Hay una clara relación entre no implementar bien el derecho a la información y a la participación, y que lleva a las personas a acudir a la justicia. Si mejoramos lo primero, deberíamos disminuir la judicialización.

-¿A qué se compromete el Estado de Chile después de hacerse parte de Escazú?

-Bueno, Escazú es un piso como he dicho anteriormente. Lo primero que tendría que hacer el gobierno del Presidente Boric es hacer un análisis jurídico de qué tiene Chile en su norma y qué le falta. Luego tiene que hacer un plan de implementación del Convenio: qué cosas puedo tener en el corto y mediano plazo, y también decidir fortalecer sus capacidades. Por ejemplo, capacitar a las y los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los alcances del Convenio. El gobierno puede avanzar en todo lo que quiera, depende de su voluntad. Hay Estados que irán más rápido y otros más lento. Pero es importante que la mayor cantidad de personas conozca qué es Escazú para fiscalizar, colaborar y empujar al Gobierno a que lo implemente. Habrá una secretaría de Escazú, que la tendrá la CEPAL, y tiene por objeto apoyar a los gobiernos para avanzar en la implementación. El Estado de Chile no va a estar solo.

-¿Era injustificado que el gobierno anterior dijera que Escazú se superponía a la legislación nacional o había algo de razón?

-Era todo injustificado. También decían que afectaba la soberanía, que nos podía llevar a la Corte de La Haya. El artículo de Escazú dice que para ir a La Haya los dos Estados tienen que estar de acuerdo en resolver su controversia ahí, o sea, nadie puede obligarte a ir. Escazú es responsabilidad entre el Estado y la gente de su país, no una responsabilidad entre Estados. ¿Cómo va a venir Argentina a crear una controversia porque Chile no está cumpliendo en Chile un artículo sobre el acceso a la información? El otro mito es que Chile tenía todo en su legislación ambiental y que no tenía para qué firmar. Eso no es cierto. Si bien Chile tiene una institucionalidad ambiental que no tienen otros países y un buen nivel de acceso a la información, hay muchísimo por mejorar en materia de justicia y participación. La gente, en el fondo, va a tener más derechos. O mejor dicho, los va a poder ejercer de mejor forma, y si los ejerce de mejor forma, no debiera recurrir a la justicia.

-Usted ha hablado del Convenio de Aarhus, que sería muy similar a Escazú, pero aprobado mucho tiempo antes en Europa. ¿Qué efectos ha tenido Aarhus en la región europea y que se pudieran replicar en Latinoamérica, una zona con otra legislación, otra cultura, otra idiosincracia? ¿Escazú se inspira en él?

-Claro, Escazú se inspiró en él. Invitamos a muchos gobiernos a que nos contaran cómo era, a la sociedad civil. En Europa este Convenio es 20 años más antiguo que Escazú y también habla de participación temprana. En Europa cuenta con un comité de entendimiento que no es punitivo ni fuente de justicia, pero sí apoya a los gobiernos a implementar los principios. Cualquier persona puede ir a este comité si no se cumplió el acceso a la información, y éste recomienda al Estado qué tiene que hacer. Esto ha ayudado a destrabar conflictos en Europa.

-Por último, Andrea, hay temas que se están discutiendo en la Convención Constitucional que quizás coinciden con algunos postulados de Escazú. ¿Hay riesgo de que se topen? O más bien, ¿cómo debiese dialogar la Convención ante la adhesión a Escazú?

-Esa es una muy buena pregunta, porque los principios de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales tienen que quedar en la nueva Constitución. Eso nos gustaría. Obviamente aún es un borrador incompleto, pero sí están las propuestas no solo en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, sino en la de Principios y en la de Forma de Estado. Debiese ser transversal. Pero, sin duda, tienen que estar relacionados, tienen que ir de la mano.

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