Análisis en la región indica que hasta el volumen de emisión alcanza los 45 mil millones de dólares provenientes de 12 países, una proporción pequeña del mercado de un billón de dólares disponibles para el financiamiento de la descarbonización. “Chile destaca en la región gracias a que combina el aprovechamiento de la dotación de recursos naturales (a través de recursos solares y eólicos), un marco político claro y ambicioso, y un sustancial recurso de la financiación en los mercados de capitales para acelerar la transición a la generación de energía renovable”, destaca el reporte.
Aunque el mercado mundial de bonos climáticos alcanza a un billón de dólares -un millón de millones de dólares-, hasta ahora los mercados emergentes de Latinoamérica solo han generado un volumen de emisión que alcanza a los 45 mil millones de dólares procedente de 12 países. Y aunque el tamaño de la región es aún pequeño, Chile encabeza el ranking de Latinoamérica con una emisión de 9.000 millones de dólares con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.
Así lo señala un informe sobre descarbonización en los mercados emergentes orientado a Latinoamérica, lanzado recientemente por el grupo británico de gestión de activos globales Janus Henderson. De acuerdo al reporte, tras Chile se ubican Brasil (US$8.700 millones), México (US$3.800 millones), Perú (1.100 millones) y Argentina (US$735 millones).
En el país, la emisión de bonos verdes por parte del Ministerio de Hacienda comenzó en 2019, mecanismo de endeudamiento destinado a financiar proyectos públicos que favorezcan al medioambiente y, especialmente, la lucha contra el cambio climático. Casi la totalidad de los fondos iniciales se destinó al transporte limpio (92%), en un portafolio que incluye el financiamiento de la Línea 7 del Metro, extensiones de las Líneas 2 y 3 del Metro, renovación de material del Metrotren Santiago-Rancagua, buses eléctricos y otras mejoras en el Sistema de Transporte Público Metropolitano. El resto se asignó a proyectos de otros tres “sectores verdes”: Energías Renovables, Edificios Verdes, y Gestión del Agua, tanto a nivel nacional como en algunas ciudades del norte de Chile.
“Chile destaca en la región gracias a que combina el aprovechamiento de la dotación de recursos naturales (a través de recursos solares y eólicos), un marco político claro y ambicioso, y un sustancial recurso de la financiación en los mercados de capitales para acelerar la transición a la generación de energía renovable”, destaca el reporte.
En el país, agrega el análisis de Janus Henderson, la proporción de generación con energías renovables no convencionales ha aumentado rápidamente en los últimos años –un 37% de la capacidad de generación instalada, según el último reporte de ACERA-, a lo que se suma que Chile es también es un proveedor clave de materias primas para otros países, tanto dentro como fuera de la región, que son vitales para que estos países alcancen sus compromisos de reducción de emisiones de carbono en el Acuerdo de París.
No obstante, la región está aún lejos de alcanzar sus potenciales volúmenes de financiamiento para la transición a la carbono neutralidad. “Las limitadas ambiciones políticas y la falta de financiamiento del sector privado han frenado el progreso más rápido en la descarbonización en América Latina. La cuestión no es de la demanda, sino de la oferta: hay pocos países de América Latina que hayan emitido cantidades significativas de deuda en moneda dura y sostenible. Incluso Chile, que ha sido uno de los pocos emisores activos en este espacio de renta fija, no se ha acercado a los volúmenes de financiamiento de deuda que podrían recaudarse para la amplia gama de proyectos que se necesitarán implementar si el país quiere cumplir su objetivo cero neto”, dice Jennifer James, gerente de Cartera de Deuda de Mercados Emergentes de Janus Henderson.
Hasta ahora, el tamaño total de 45.000 millones de dólares de emisiones climáticas en Latinoamérica se desglosa de la siguiente forma: 26.000 millones de dólares en bonos verdes, 2.800 millones de dólares en instrumentos de sostenibilidad, y cerca de 17.000 millones de dólares en financiación de energías renovables y clima (tanto de empresas no latinoamericanas como de entidades multilaterales, préstamos verdes y bonos de sostenibilidad, etc.).
De acuerdo al reporte, tras Chile se ubican Brasil (US$8.700 millones), México (US$3.800 millones), Perú (1.100 millones) y Argentina (US$735 millones).
Paul LaCoursiere, director global de Inversiones ESG en Janus Henderson, dice que los inversores internacionales están dispuestos a invertir en nuevos proyectos energéticos para aumentar aún más esa proporción: “La ‘bancabilidad’ de los proyectos es un tema que debe abordarse y, aunque varios proyectos a gran escala están ahora en marcha en países como Chile y Colombia, el conjunto de proyectos invertibles sigue siendo limitado, por ahora, en relación con otras regiones del mundo, particularmente en Asia”.
Acelerar el financiamiento de la transición energética
El reporte del grupo británico tiene su origen en la COP 26 de Glasgow, donde reunió un panel de expertos para debatir sobre la descarbonización en los mercados emergentes, entre ellos académicos, ong’s, responsables de políticas nacionales y empresas del sector. Entre las principales conclusiones de ese encuentro se determinó que los mercados emergentes afrontan retos para la descarbonización completamente distintos a los de los países desarrollados, donde un problema fundamental es la necesidad de contar con mecanismos de financiación mucho mejores para realizar transición, y sobre todo la “rentabilidad” de los proyectos de energía renovable.
A esto se suma que se necesitan medidas políticas como mecanismo de apoyo y capacitación, sobre todo para los mercados emergentes. Los gobiernos tienen que desempeñar un papel claramente en la transición energética y crear el marco y la estrategia necesarios.
Y si bien el reporte actual determina que existe un uso limitado -hasta la fecha- de instrumentos financieros relacionados con el clima para financiar proyectos de descarbonización, “con notables excepciones de algunos países emisores importantes, como Chile”, hay aspectos a destacar. Entre ellos, una importante presencia de la energía renovable como porcentaje del total de consumo de energía final en varios países grandes y muy poblados, liderada principalmente por la hidroeléctrica; y un compromiso generalizado con el avance hacia el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050.
¿A qué se debe la limitada emisión de deuda para el financiamiento climático en Latinoamérica? A juicio de los autores del reporte, a tres factores principales. El primero es la ausencia de liderazgo emisor por parte de los prestatarios soberanos de la región, lo que impide una adopción más generalizada de los bonos climáticos por parte de los emisores corporativos. Hasta ahora, solo Chile ha emitido bonos públicos verdes, aunque países como México o Ecuador han emitido bonos públicos sostenibles, instrumento relacionado.
Otro aspecto es la rentabilidad de los proyectos. Si bien actualmente están en marcha varios proyectos a gran escala en países como Chile o Colombia, el conjunto de activos en los que invertir sigue siendo todavía limitado en comparación con otras regiones del mundo, sobre todo Asia.
Y un tercer factor atenuante ha sido la inversión extranjera directa. “Varios proyectos de energía renovable a gran escala, como las enormes parques solares en el desierto de Atacama, en Chile, se han financiado en gran medida por patrocinadores corporativos de los mercados desarrollados, con importantes recursos de caja y mejores calificaciones crediticias relativas que los actores nacionales”, afirman.
Para un mayor progreso en la descarbonización en la región, debieran tomarse medidas adicionales en tres dimensiones, agrega el documento, tanto por los actores públicos como por los privados. La primera es capitalizar el descenso en los costos de producción de las energías renovables no convencionales, para acelerar la descarbonización. “Aunque los esfuerzos regionales no son menores, a menudo se han centrado en la hidroeléctrica, que exige mucho capital. El descenso de las curvas de costes de la generación eléctrica a partir del viento y el sol debería explotarse más plenamente a partir de ahora”, señalan.
A esto se suma la necesidad de mejorar la coordinación de los marcos políticos regionales, aplicando normas y reglamentos más uniformes en varios países, sobre temas como los estándares técnicos o la regulación de las actividades que generan altas emisiones de carbono. Esto, plantean, podría suponer un catalizador para una descarbonización más rápida y mejoraría la esencia de los compromisos de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 a escala de toda la región.
Y, finalmente, se propone acelerar el uso de herramientas del mercado de capitales como los bonos verdes, accediendo así al creciente conjunto de activos especializados con un mandato explícito de invertir de manera consecuente con los principios de sostenibilidad y las inversiones centradas en el clima.
“Las evidencias son dispares: aunque algunas políticas tradicionales han permitido a la región contar ya con recursos renovables importantes, las limitadas ambiciones políticas y la escasa financiación del sector privado han frenado hasta la fecha el progreso en la descarbonización”, concluyen.
