La iniciativa crea una nueva subdirección; ta que podría emitir sus decisiones en un máxima, de seis meses, detalló el director del servicio. Presidente descartó que se trate de un proyecto donde-la entidad será juez y parte.
En el Centro Cultural de San Joaquín, con un anfiteatro lleno, principalmente de personas de la tercera edad, ayer el Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el proyecto de ley «Sernac te protege», el cual busca potenciar los derechos de los consumidores.
La propuesta, en líneas generales, pretende dotar al servicio de la facultad sancionatoria. ¿Cómo funcionará? Se busca que el organismo pueda sancionar a las empresas que vulneren los derechos de las y los consumidores en casos individuales, y pueda ordenar la devolución de los dineros pagados por éstos, además de otras medidas para prevenir futuros incumplimientos. Para conseguir esto, se creará un procedimiento administrativo -«moderno y expedito», dijeron desde el Gobierno-, el cual tomará como referencia la experiencia de otros órganos con facultades similares.
De acuerdo a lo explicado por el director del Sernac, Andrés Herrera, los procedimientos se tramitarán por una nueva Subdirección de Procedimiento Sancionatorio del servicio, la cual estará compuesta por profesionales encargados de recibir y recabar los antecedentes necesarios para decidir si sancionar o no, de conformidad a la ley.
¿Cuánto tardará esta instancia en dar una solución? Según explicó Herrera, se debe tener como referencia el plazo que establece la ley para un procedimiento administrativo «y ahí podemos estar hablando de un máximo de seis meses». Y agregó: «Esperamos evidentemente hacer más eficientes los procedimientos sancionatorios que nosotros instruyamos, de hecho es posible que también se puedan acumular ciertos procedimientos respecto de las mismas temáticas, de modo tal de hacer un procedimiento muy ágil con respuestas adecuadas».
La propuesta legislativa, que ingresará prontamente al Congreso, además, busca establecer progreso, además, busca establecer la obligación de las empresas de contar con un sistema de gestión de reclamos, distinguiendo por el tamaño de las empresas.
