Es ley la iniciativa del gobierno del Presidente Piñera que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), con medidas que benefician a más de 2,5 millones de compatriotas.
Estas incluyen una pensión mensual de $ 185.000 para los adultos mayores, y aumento del monto y cobertura del Pilar Solidario de Invalidez y del Subsidio de Discapacidad Mental, incluyendo la física y sensorial, Junto con la PGU se tramitó una iniciativa que reduce o termina algunas exenciones, regímenes especiales o beneficios tributarios, y que crea tributos o incrementa algunos ya existentes, como mecanismo para financiar la reforma al sistema de pensiones. Si bien esta fórmula de financiamiento de la PGU va en la dirección correcta -al aprobar gastos permanentes contra ingresos algunas de las medidas podrían tener impactos contraproducentes a sus objetivos.
La ley considera un aumento en la sobretasa del impuesto territorial que, en el tramo superior, se incrementa desde 0,275% a 0,425%. Esto afecta en general a las personas naturales y jurídicas, y alas entidades sin personalidad jurídica, que sean propietarias de bienes raíces y cuya suma de sus avalúos fiscales exceda de 1.510 unidades tributarias anuales, esto es, $ 990 millones aproximadamente. El gobierno ha señalado que el impacto recaerá sobre cerca de 18 mil contribuyentes y recaudaría $ 107.553 millones en régimen, lo que equivaldría a un 0,04% del PIB.
Cabe recordar que la sobretasa del impuesto territorial fue incorporada en la Ley de Modernización Tributaria de 2020, que tenía dentro de sus objetivos “recaudar más recursos de parte de quienes más tienen, fomentar la inversión y el emprendimiento, y otorgar un trato más justo para los adultos mayores”. La sobretasa lleva dos años de aplicación, habiendo recaudado en total $211 mil millones a junio de 2021.
Ahora bien, el aumento de la tasa de impuesto no afectará solo a los propietarios de viviendas de lujo, vacacionales o terrenos, sino que principalmente a las empresas que requieren de instalaciones productivas en inmuebles, como es el caso de la industria manufacturera y otras importantes actividades productivas como la minería, la construcción y el comercio. En efecto, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos, durante el año pasado el 72,5 % de la recaudación generada por la sobretasa al impuesto territorial provino de las grandes empresas.
Así, al aumentar la sobretasa del impuesto territorial en un 55% se estará generando un nuevo costo fijo para parte importante de la actividad empresarial local, lo que se suma a los muchos nuevos tributos que deberá enfrentar a futuro según el programa de gobierno del presidente electo, Con ello, no se estaría avanzando en los objetivos para los cuales se incorporó la sobretasa, a saber, recaudar más de las personas más ricas en un contexto de fomentar la inversión.
Por el contrario, se está generando un desincentivo a la actividad empresarial intensiva en infraestructura inmobiliaria y se transgrede el principio de neutralidad al imponer una carga impositiva mayor a un sector específico de la economía.
Esta medida, y otras cargas que se anuncian, afectarán adversamente la actividad empresarial, lo que se da cuando faltan más de 500.000 empleos por recuperar y ya se prepara otra reforma tributaria cuyo destinatario será nuevamente empresas y emprendimiento, lo que probablemente, si no es fruto de un consenso, golpeará la inversión con los funestos efectos que hace unos años vivimos.
Autor: FERNANDO BARROS TOCORNAL – ABOGADO, CONSEJERO DE SOFOFA
Fuente: Diario Financiero
