Tras la publicación del Decreto Supremo N° 47 (MMA) que rige para los Aceites lubricantes usados (ALU), se han levantado alertas sobre ciertas debilidades en la normativa, entre ellas, la ausencia de una trazabilidad para todos los actores involucrados en el manejo del residuo, en un contexto donde se registran malas prácticas, como las entregas alternadas. Es lo que argumenta José Luis Martínez, gerente general de la consultora Ecobaus, quien afirma que la informalidad presente en el tratamiento de ALU no solo dificultará lograr las metas, sino que además elevará progresivamente los costos de los Sistemas Colectivos de Gestión. Asimismo, subraya la necesidad de inculcar una mayor responsabilidad ambiental en los generadores de ALU, a la vez que apunta a aumentar la cobertura en fiscalización como otro desafío pendiente.
Hace solo seis meses, en el marco de la implementación de la Ley 20.920, también conocida como Ley REP, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo (D.S. N°47 MMA, 2024) que fija las metas de recolección y valorización para Aceites lubricantes usados (ALU), uno de los seis productos prioritarios que define la legislación.
Mientras los Decretos para Neumáticos fuera de uso (NFU) y Envases y Embalajes (EyE) están vigentes desde 2023, se mantienen pendientes los de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Pilas (RAEE+P) y Baterías fuera de uso (BFU). En el caso de los ALU, el Decreto Supremo que establece metas y obligaciones para este producto entrará completamente en vigor 24 meses después de su publicación, es decir, en noviembre de 2026.
Según estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), esta normativa permitirá reutilizar hasta el 90% de los aceites lubricantes usados, catalogados como residuos peligrosos. Un dato relevante, considerado que en Chile se generan alrededor de 126 mil toneladas de ALU, de las que solo un 47% se trata conforme a la regulación vigente desde 2004 (Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud).
En concreto, la nueva normativa regirá para aceites lubricantes recuperables, cuyos productores -definidos en la ley- deberán cumplir metas progresivas de recolección y valorización a través de los Sistemas de Gestión: 50% al primer año; 52% al segundo año; 54% al tercer año y así, hasta llegar al 90% a contar del décimo segundo año.
Junto a los productores de aceites lubricantes, también jugarán un rol fundamental en la recolección los comercializadores, quienes tendrán que recibir, sin costo, los ALU que sean entregados por los consumidores. A su vez, los Sistemas de Gestión estarán obligados a proveer el servicio de retiro de ALU, también sin costo, desde los comercializadores.
Si bien la publicación del Decreto Supremo 47 es una buena noticia, en la línea de avanzar con la puesta en marcha de la ley, especialistas han levantado alertas sobre inconsistencias que dificultan lograr los objetivos planteados. Entre ellas, que el poder calorífico de los ALU, que le concede un alto valor económico, se traduce en un mercado informal que se refleja en el desconocimiento del destino de más del 50% de los ALU.
José Luis Martínez, gerente general de la consultora Ecobaus, quien participó en instancias de asesoramiento al Ministerio del Medio Ambiente previas a la implementación de la normativa, destaca que “uno de los mayores desafíos será erradicar las malas prácticas. Para ello es indispensable el apoyo normativo, porque la informalidad es la principal amenaza para el cumplimiento de las metas. Por eso, lo primero es decir que se confirmaron los temores de que el DS 47 no exigirá un procedimiento de trazabilidad. Lo que se haga al respecto será por iniciativa de los Sistemas de Gestión, pero no tendrá el carácter de obligatorio para todos los actores de la cadena de manejo”.
“El DS 47 solo pide trazabilidad para el aceite lubricante nuevo comercializado por empresas que opten por Sistemas de Gestión individuales. Es un procedimiento que debería ser obligatorio para la aprobación del Plan de Gestión. Tal vez aún sea posible exigirlo en la guía de contenidos del plan de gestión, considerando que la trazabilidad es un principio que está contenido en la ley”, señala el ejecutivo de Ecobaus, empresa miembro de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).
“Uno de los mayores desafíos será erradicar las malas prácticas. Para ello es indispensable el apoyo normativo, porque la informalidad es la principal amenaza para el cumplimiento de las metas”.José Luis Martínez, gerente general de Ecobaus.
-Respecto a la informalidad que refiere, ¿qué debilidades concretas detecta en esta normativa?
Una debilidad está en la propia ley con la figura del “consumidor industrial”, que ojalá algún día se corrija. A pesar de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) precisó qué se entenderá por este tipo de consumidor -porque no estaba definido en la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)-, no queda completamente claro quiénes calificarán como comercializadores y quiénes como consumidores industriales. A los Sistemas Colectivos de Gestión les conviene una cartera compuesta mayoritariamente por comercializadores, porque están obligados a entregarles gratuitamente el ALU.
Es así como los comercializadores contribuyen al financiamiento de los Sistemas de Gestión, porque estos últimos venden el residuo a las plantas de destino final, reduciendo de esta manera el aporte de los productores y también el precio de los aceites lubricantes. Es por esta misma razón que, para los Sistemas de Gestión, es conveniente que los consumidores industriales opten por entregarle el residuo en lugar de valorizar por sí mismos. Si la gran mayoría opta por valorizar por sí mismo, el Sistema de Gestión dejará de percibir excedentes por la venta del ALU, lo que deberá ser económicamente compensado con un mayor aporte de los productores. Y esa no es una buena noticia, especialmente para las PYME.
La facultad que la ley les otorga a los consumidores industriales de poder valorizar por sí mismos, unida a la informalidad, hacen difícil para los Sistemas Colectivos de Gestión alcanzar una operación financieramente equilibrada. Esto es, que la venta del ALU les financie los costos operacionales y el aporte de los productores financie solo los costos de la estructura central. Este equilibrio es posible de alcanzar bajo condiciones de precios del ALU a partir de cierto nivel, masa crítica suficiente de generadores para recogida directa y eficiencia en la recogida capilar, lo que significa maximizar las toneladas cargadas por kilómetro recorrido.
–Usted ha llamado la atención sobre el alto porcentaje de informalidad en el mercado de ALU, ¿de qué manera esto puede afectar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización?
Si para el año 2027 las prácticas no han cambiado, es muy probable que la meta de 50% para el primer año represente una cantidad mayor de lo que se reciba en destinos formales. Es lo que ha estado ocurriendo desde hace décadas porque, como el ALU tiene un valor económico, hay un costo de oportunidad para los establecimientos, de obtener algo a cambio, por lo que entregarlo a gestores informales les es más conveniente que contribuir a las metas de los productores. Con ese antecedente, no es difícil imaginar lo que puede ocurrir en los años siguientes con metas porcentualmente crecientes.
La informalidad no solo dificultará alcanzar las cantidades necesarias para las metas, sino que, con seguridad, aumentará los costos para lograr cantidades que serán crecientes año tras año. El aumento de costos podrá provenir tanto de la menor masa crítica de establecimientos con entregas estables, como de la necesidad de recurrir a retiros a largas distancias.
También podrán aumentar por contraprestaciones monetarias o de otra naturaleza que deban hacerse a determinados actores de la cadena de manejo ante la necesidad de cumplir con las metas. Los factores que pueden inducir mayores costos son múltiples.
–¿Cómo sugiere combatir prácticas informales, como sub-declaraciones y entregas a gestores informales?
Para combatir la informalidad es necesario conocer sus fuentes, que son diversas. Ella nace de la asimetría de información, que impide conocer cuánto efectivamente genera un establecimiento por unidad de tiempo. Esto, porque le permite al generador decidir cuándo y cuánto entregar a gestores formales e informales.
Las prácticas de hacer entregas alternadas, o sub declarar, se explican porque los micro generadores -que son más del 90% de los establecimientos de generación de ALU, tanto del sector automotriz como industrial-, evitan quedar expuestos al Plan de Manejo que establece el DS 148, que es obligatorio para quienes generan anualmente 12 toneladas o más de residuos peligrosos.
Para muchos no es viable implementar un Plan de Manejo, tanto por la falta de recursos humanos como de espacio disponible. Hay que decir que una de las modificaciones previstas para el DS 148 es reducir de 12 a 6 las toneladas anuales para quedar afecto a un Plan de Manejo lo que, con seguridad, contribuirá a aumentar las sub-declaraciones y las entregas alternadas a gestores formales e informales, porque no es una cantidad difícil de alcanzar. La sugerencia, por tanto, es establecer un Plan de Manejo que las micro y pequeñas empresas puedan cumplir con relativa facilidad.
Por otro lado, el valor positivo del ALU contribuye a la informalidad por dos vías: una, por el gestor informal, quien recibe por el ALU una suma muy superior al que le pagarían las plantas autorizadas. Y dos, por el propio establecimiento que usa el ALU como moneda de cambio para exigir el retiro gratuito de otros residuos que tienen un costo de disposición y que los gestores formales no están en condiciones de retirar gratuitamente. Por eso el establecimiento opta por gestores informales que le retiran los otros residuos, a modo de compensación, que terminan en microbasurales porque nunca se entregan en plantas autorizadas. Para combatir estas prácticas es indispensable la educación ambiental y el uso del SIDREP (Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos) para el 100% de los establecimientos, sin excepciones de ninguna naturaleza.
“La facultad que la ley les otorga a los consumidores industriales de poder valorizar por sí mismos, unida a la informalidad, hacen difícil para los Sistemas Colectivos de Gestión alcanzar una operación financieramente equilibrada”.José Luis Martínez, gerente general de Ecobaus.
-¿Qué otros factores potencian la informalidad en el mercado del ALU y de qué modo podrían abordarse?
Otro punto es que la capacidad humana y económica de fiscalización de las Seremi de Salud, no es suficiente para el tamaño de éste y otros sectores que deben fiscalizar, lo que sugiere la necesidad de avanzar en la auto regulación. Pero es difícil si las normas no son rigurosas en materias como, por ejemplo, la trazabilidad. De hecho, los artículos 42 y 84 del mismo DS 148 eximen de declarar en el SIDREP a quienes transporten menos de 2 toneladas y eso es aprovechado de manera indiscriminada.
A ello debe agregarse que se han constatado fiscalizaciones que no contribuyen a erradicar prácticas de gestores informales como, por ejemplo, la entrega al generador de certificados de eliminación que acreditan la entrega del ALU en un destino autorizado. Es un documento que no está regulado en la norma y que es muy fácil de falsificar. Sin embargo, hay fiscalizaciones que solicitan estos certificados de eliminación como prueba de que el establecimiento está cumpliendo con el envío del ALU a un destino autorizado. Esto es grave, ya que refuerza una práctica que no reemplaza al SIDREP en su función de certificar, con su cierre, que el residuo ha sido efectivamente recibido en una instalación autorizada. Las fiscalizaciones deberían exigir solo el SIDREP en todos los establecimientos, sin excepción.
Una cuarta fuente de informalidad es la responsabilidad ambiental. Por lo general, los generadores de ALU no han sido educados sobre los riesgos ambientales y sanitarios del aceite lubricante usado -quemas incontroladas, contaminación del agua y suelos, etc.- y, en su mayoría, no disponen de profesionales que se los adviertan. Es una carencia que puede y debe corregirse, porque el principal responsable de la informalidad no es el gestor, sino quien decide entregar un residuo peligroso sin reparar en los riesgos ambientales y sanitarios.
Todas estas son razones que explican las diversas manifestaciones de la informalidad, cuyo principal efecto es desviar, hacia destinos desconocidos, más del 50% de lo que se genera en el país. Y ese alto porcentaje se produce, exclusivamente, por la elevada cantidad de establecimientos que las exhiben. En cifras gruesas solo para graficar: las bases de datos del SIDREP muestran que una media de 5.000 a 6.000 generadores de ALU hace uso anualmente de este sistema sobre un universo de, aproximadamente, 25.000. Esto significa que un porcentaje cercano al 75% – 80% no declara sus entregas: unos, por desconocimiento de la norma y creer que los certificados de eliminación son un documento válido; otros, porque estiman que no les es conveniente hacerlo.
–Ante estos desafíos, ¿qué líneas de acción deberían implementar los Sistemas de Gestión?
Además de las ya sugeridas, en el corto plazo es indispensable anticipar campañas que se hagan cargo de introducir progresivamente buenas prácticas, porque será un proceso muy lento.
Por otra parte, estimo importante que, a lo menos antes de junio de 2026, los productores realicen campañas masivas para que los consumidores industriales opten oportunamente por la alternativa que para los Sistemas Colectivos de Gestión sea la más conveniente para combatir la informalidad y procurar la contención de costos y equilibrios financieros. Esto supone maximizar la recogida directa, tanto por el mayor control de los flujos físicos del residuo, como por la conveniencia de aumentar el financiamiento propio.
-Y desde el Estado, ¿qué acciones deberían tomarse para combatir malas prácticas?
Una de las acciones más importantes, no solo para los ALU sino para todos los residuos de productos prioritarios, es la educación ambiental. No es casualidad que el artículo 29 de la ley disponga que el Ministerio del Medio Ambiente debe diseñar e implementar programas de educación ambiental “destinados a transmitir conocimientos y crear conciencia en la comunidad sobre la prevención en la generación de residuos y su valorización”. El mismo artículo faculta a gestores y productores para colaborar en la implementación de tales programas, lo que podría mejorar su efectividad porque podrían focalizarse en segmentos específicos.
Asimismo, es igualmente importante que los reguladores ambientales y sanitarios acuerden modificar las normas que sean necesarias para combatir la informalidad y facilitar el cumplimiento de las metas.
Una tercera acción, no menos importante que las anteriores, es que el Ministerio del Medio Ambiente exija, en el Plan de Gestión, un procedimiento de trazabilidad que por el solo hecho de estar aprobado por el regulador sea obligatorio para todos los actores de la cadena de manejo.
-Con respecto a la implementación de la Ley REP, en lo que involucra a los ALU, ¿qué barreras existen a nivel de fiscalización y capacitación de personal responsable del manejo de los residuos?
En cuanto a fiscalización, la principal barrera es que no hay capacidad para aumentar la cobertura y frecuencia de las fiscalizaciones. Esto se podría resolver si las normas tuvieran procedimientos estrictos para forzar que todos los actores involucrados los cumplan y los hagan cumplir. De esa manera se posibilita la auto regulación, en el sentido de que todo marche bajo norma sin la intervención directa de un fiscalizador externo.
En cuanto a la capacitación del personal, se advierte falta de formación especializada. Hay una carencia de programas de capacitación específicos para el manejo de residuos peligrosos como los ALU, lo que limita la capacidad de los trabajadores para cumplir con las normativas e introducir buenas prácticas de manejo. A ello se suma la alta rotación del personal responsable del manejo.
Adicionalmente, a nivel de jefaturas se advierte una conciencia ambiental insuficiente. La sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión de los ALU es aún deficiente, lo que sin duda afectará la implementación de la ley. Finalmente, aunque hay iniciativas para capacitar al personal, estas no siempre son accesibles para todos los actores involucrados, especialmente en regiones más alejadas.
-Y sobre los envases de aceites lubricantes, ¿qué dificultades se enfrentan en el sistema de recogida?
Lo primero que es necesario aclarar es que tanto los tambores metálicos como los IBC [de plástico reforzado y estructura de metal] no presentan mayor dificultad, porque para ambos existe un mercado secundario para su reutilización. No es el caso de los envases plásticos.
Hay varias dificultades que resolver para la recogida. La primera es que son un residuo peligroso que, como tal, no puede mezclarse con otros envases que no tengan esa característica. En cantidad, no son estadísticamente significativos en relación con el resto de los plásticos que se generan a nivel país, lo cual sugiere que la recolección debe ser exclusiva. Para ello, debe tenerse en consideración que se transporta aire. Otra dificultad es la falta de estandarización de los materiales tales como aluminio y celulosa, que deben ser separados. Esto, junto a su lavado y secado supone un pretratamiento que incrementa los costos previos a su valorización.
Por otra parte, aún no existen puntos de almacenamiento disponibles para este residuo, los que van a tener que ser autorizados por la autoridad sanitaria. Esto genera un problema de búsqueda y habilitación de espacios destinados al acopio temporal. Finalmente, la recogida y traslado de los envases desde puntos distantes hasta los centros de pretratamiento y luego de reciclaje, también implica desafíos económicos importantes.
“Por lo general, los generadores de ALU no han sido educados sobre los riesgos ambientales y sanitarios del aceite lubricante usado -quemas incontroladas, contaminación del agua y suelos, etc.- y, en su mayoría, no disponen de profesionales que se los adviertan”.José Luis Martínez, gerente general de Ecobaus.
