- Cecilia Valdés, presidenta de la ACCJ y Carlos Gajardo, abogado y ex Fiscal de Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, presentaron la problemática que vive el gremio para combatir a los casinos ilegales y a las plataformas de juego online informales.
En el marco de un nuevo Consejo Asesor de Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), presidido por el presidente del gremio José Pakomio, expuso la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), a través de su presidenta, Cecilia Valdés y junto a Carlos Gajardo, abogado y ex Fiscal de Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
En la instancia, Valdés señaló que “la Asociación Chilena de Casinos y Juegos agrupa a todos los casinos de juegos que operan bajo la ley 19995 en Chile. Esta industria es un motor importante para el desarrollo regional, generando empleo local, impulsando a los proveedores locales, y fomentando el turismo. Un ejemplo destacado es el Casino Monticello, donde el 87% de sus empleados son de la región de O’Higgins, lo que subraya el impacto positivo de esta industria en la economía local. Los casinos en Chile han sido diseñados para ser más que simples espacios de juego; son centros integrales de entretenimiento que incluyen hoteles, restaurantes, y salas de espectáculos. Esto ha permitido que se consoliden como polos turísticos en las regiones donde operan, generando un impacto positivo en las economías locales. Un ejemplo de esto es el Casino Valle en la región de Limarí, que ha contribuido al desarrollo cultural y turístico, apoyando la creación de infraestructura y promoviendo la identidad local”.
El problema, indicó Valdés, es que a pesar de los beneficios que aportan, los casinos legales enfrentan serios desafíos debido a la competencia desleal de los casinos ilegales. “Estos establecimientos no solo evaden el pago de impuestos, sino que también operan sin ninguna regulación, lo que representa un riesgo significativo en varios frentes. Por ejemplo, los casinos ilegales no tienen mecanismos para prevenir la ludopatía, controlar el acceso de menores de edad o evitar el lavado de dinero. Este último es un problema especialmente preocupante, ya que muchos de estos casinos están vinculados a mafias internacionales, operando fuera de la jurisdicción chilena y sin ninguna supervisión efectiva”, enfatizó.
El marco regulatorio chileno es estricto en cuanto a las apuestas. En Chile, las apuestas están prohibidas salvo que una ley específica lo permita, como es el caso de los casinos de juegos, los hipódromos, la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción. Este marco es el que permite la operación de los casinos legales y es también la base de la lucha contra el juego ilegal.
Asimismo, agregó que la proliferación de casinos ilegales y plataformas de apuestas online sin regulación ha crecido de manera alarmante, especialmente después de la pandemia, lo que ha llevado a una mayor exposición de la población a estos riesgos. Además, la falta de controles adecuados en estos entornos ilegales permite que menores de edad accedan a juegos de azar, lo que puede tener consecuencias devastadoras para su desarrollo y bienestar.
“En muchos rincones de Chile, existen establecimientos que operan al margen de la ley, sin ningún tipo de control. Estos locales, además de atraer a menores de edad, facilitan la venta de alcohol y otras sustancias ilegales, convirtiéndose en un foco de preocupación para las autoridades y la sociedad. Aunque estos locales son a menudo fiscalizados, muchos prefieren pagar las multas y continuar operando, lo que complica aún más la situación. Este es un problema complejo que involucra a múltiples entidades, desde los municipios hasta la superintendencia, y que afecta directamente a la seguridad y bienestar de las comunidades”.
Además, según expuso Valdés, la contribución económica de los casinos legales en Chile es significativa. No solo pagan impuestos al fisco, sino que también aportan directamente a las comunas y regiones donde están ubicados. Esto es crucial para el desarrollo local, ya que estos fondos permiten la realización de obras y proyectos que el Estado no siempre puede financiar.
Uno de los problemas más persistentes que enfrenta la industria de casinos en Chile es la presencia de tragamonedas ilegales. “Este no es un problema reciente; lleva arrastrándose desde hace años. Según la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), hay catalogadas oficialmente 14.518 máquinas tragamonedas ilegales. Sin embargo, estimaciones de la FIDEN, una organización que representa a estos operadores, sugieren que podría haber entre 300.000 y 700.000 máquinas operando en el país, una cifra alarmante si se compara con las 190.000 máquinas registradas en Las Vegas”, indicó Valdés.
Los operadores de estas máquinas ilegales han utilizado diversos argumentos para intentar legitimarlas, uno de los más comunes es que son máquinas de habilidad o destreza, en lugar de máquinas de azar. Este argumento logró confundir a algunas autoridades, incluidos municipios y fiscalías, permitiendo que estas máquinas obtuvieran patentes municipales y operaran bajo una apariencia de legalidad. Sin embargo, con el tiempo, y gracias al trabajo de la Contraloría y la Superintendencia de Casinos y Juegos, se ha demostrado que estas máquinas son de azar, y se ha ordenado la clausura de estos establecimientos que operan sin la debida certificación.
Por otra parte, Gajardo destacó un nuevo desafío ha surgido en los últimos años con la proliferación de plataformas de apuestas online. “Estas plataformas, aunque son ilegales en Chile, han crecido exponencialmente, especialmente durante la pandemia. A pesar de los pronunciamientos de diversas autoridades, como la Superintendencia de Casinos y Juegos y el Servicio de Impuestos Internos, que han declarado la ilegalidad de estas plataformas, su operación continúa. El mercado de apuestas online en Chile es considerable, con estimaciones que sugieren un valor de 140 millones de dólares, creciendo a un ritmo del 10% anual. No obstante, algunos datos indican que este mercado podría ser aún más grande, debido a la alta penetración de Internet y la disponibilidad de medios de pago en el país, lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para estas plataformas ilegales”.
La persecución de estas plataformas ha sido complicada por varios factores. En primer lugar, muchas de estas plataformas son operadas por empresas extranjeras, con domicilios fuera de la jurisdicción chilena, lo que dificulta su fiscalización y sanción. Además, aunque ha habido fallos de la Corte Suprema que ordenan a los proveedores de Internet bloquear estas plataformas, la implementación de estas medidas ha sido limitada. “El Servicio de Impuestos Internos ha jugado un papel crucial al denunciar estas plataformas por comercio clandestino, un delito similar al contrabando. Sin embargo, la respuesta del Ministerio Público ha sido lenta, y aunque se han presentado querellas por parte de diversas entidades, el avance en los procesos judiciales ha sido mínimo”, enfatizó Gajardo.
Según el abogado, el crecimiento de los casinos ilegales y las plataformas de apuestas online no solo representa un desafío económico, sino también un riesgo significativo en términos de seguridad. Muchas de estas operaciones están vinculadas a mafias organizadas que operan tanto a nivel local como internacional, lo que agrava aún más el problema. Estas mafias se instalan en barrios vulnerables, aprovechando el desconocimiento y la falta de control para expandir sus actividades.
En definitiva, y según expuso Valdés y Gajardo, el juego ilegal no es solo un problema económico, sino también un problema de seguridad nacional. Su conexión con el lavado de dinero, el narcotráfico y otras actividades delictivas lo convierte en una amenaza que debe ser abordada con la seriedad y urgencia que merece. Para ello, es imprescindible que el marco legal sea fortalecido, que las instituciones públicas trabajen de manera más coordinada, y que se fomente una cultura de rechazo hacia estas actividades ilegales. Solo así será posible proteger la economía, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos chilenos en todas las regiones del país.
