El comercio ilegal genera pérdidas millonarias, roces con los países limítrofes y entre el mundo público y privado que buscan estrategias en común.
E n la maraña de calles y pasajes, de subidas y bajadas, que forman el Barrio Chino de La Paz, en el centro de la ciudad boliviana, se puede encontrar ropa nueva y usada, repuestos de bicicletas, frutas, verduras, controles remotos, decodificadores, iPads y iPhones «seminuevos», camisetas deportivas, algunos con precios más llamativos que otros, como los zapatos de fútbol Nike a 130 bolivianos (US$ 19). «En las tiendas están a 500 o 600 (bolivianos, US$ 73 y US$ 87)», dice la mujer que vende sus productos en un carro sobre la vereda, que prefiere no decir su nombre, pero sí cuenta que los zapatos son chinos y que vienen desde Chile.
La diferencia de precios se repite con otros productos: papel higiénico a 10 bolivianos los 12 rollos, mientras que en un supermercado de la zona sur están a 30; una bebida energética a 10 y en un carro en Plaza Murillo, donde están las sedes de la Presidencia y del Legislativo, está a 15. «Acá todo es más barato», dice la señora que vende bebidas en el Barrio Chino y que no sabe de dónde vienen, pero cree que desde Perú.
Ferias como esta, o la 16 de Julio en El Alto, o la localidad de Desaguadero, en la frontera con Perú y a una hora y media de La Paz, son el centro del contrabando, que se ha consolidado los últimos años en Bolivia, que genera pérdidas millonarias al Estado y que tiene ramificaciones e intereses cruzados que se extienden por Chile, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay, los países que comparten frontera con Bolivia. Y que genera roces entre los involucrados. En un intento por aunar esfuerzos, la Sociedad Nacional de Industrias del Perú (SIN), la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC), la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia (CNI) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) realizaron esta semana en La Paz y Santa Cruz el seminario «Del comercio informal al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando». Los líderes de las principales agrupaciones industriales de Bolivia, Perú y Chile compartieron propuestas, estudios y conclusiones, que en algunos se complementaban y en otros diferían con la presentación del representante del gobierno de Luis Arce. Las cifras grafican la dimensión del problema.
De acuerdo con la CNI, en 2022 el contrabando en Bolivia movió US$ 3.331 millones (en 1999 fue de US$ 1.000 millones); el comercio ilegal de medicamentos representa el 20% del mercado, equivalente a entre US$ 80 y US$ 85 millones anuales; la pérdida fiscal en 2019 por el comercio ilegal de cerveza fue de US$ 118,3 millones; según el gobierno, 1.500 tipos de mercaderías ingresan desde Chile (incluidos autos, ropa usada, electrodomésticos, entre otros), y mil desde Perú. En el diagnóstico, algunas de las causas y factores de este comercio ilegal están identificados.
Los 861 km de límite con Chile, los 742 km con Argentina, 3.423 km con Brasil, 742 km con Paraguay y 1.047 km con Perú, en los que hay desierto, selva y lagos, convierten a las fronteras bolivianas en un lugar propicio para el contrabando.
Los industriales cruceños apuntaron a la informalidad laboral (89% en 2022) y a las trabas para iniciar negocios (Bolivia está en el puesto 150 de 190 en el ranking Doing Business 2022) como elementos que influyen en el crecimiento del contrabando. Otro factor es el comercio ilegal de alcohol, cigarros y medicamentos a través de internet y redes sociales. Un punto destacado por casi todos los expositores fue el impacto de la devaluación de las monedas en los países fronterizos en el aumento del contrabando.
Hugo Siles, asesor de la CNI, destacó un «hallazgo»: después de Argentina, el segundo país que está generando mayor impulso por la devaluación de su moneda es Chile. «Con un tipo de cambio devaluado de Chile, y un tipo de cambio fijo en Bolivia desde hace 12 años, la Zona Franca (de Iquique) definitivamente se ha convertido en una problemática económica para nosotros», dice Siles a «El Mercurio», y agrega que «esto está generando que muchos productos que no son precisamente de producción nacional chilena, sino fundamentalmente de la región asiática, estén haciendo tránsito en la Zona Franca, y con un tipo de cambio devaluado y con la competitividad por economías de escala de China, está generando un proceso de desindustrialización de la economía nacional boliviana». Aunque los actores privados y públicos coincidieron en trabajar juntos, en las propuestas surgieron diferencias.
Ian Miranda, jefe de investigación social de Cainco, dijo que «no hay un verdadero liderazgo en el combate a este delito económico», y que «coordinar un operativo es complicado, ya que tiene que nacer del empresario y coordinado con policías y autoridades, a pesar de que autoridades especiales tienen facultades para controlar». Mientras que el representante del gobierno, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Pedro Vargas, dijo que «este seminario (… ) debería también lanzar propuestas desde el sector privado, desde las diferentes cámaras para que los Estados también se comprometan de una manera efectiva, consciente». También hubo diferencias en algunos datos.
Cainco mencionó 31 pasos ilegales con Chile, y Vargas subió la cifra a 50, y agregó que a la frontera extensa entre ambos países «se suma la falta en algunos casos de control de parte de Chile, que en su momento no realiza ningún tipo de control». También aseguró que Colchane «es una zona de blanqueo de contrabando», que la Zona Franca de Iquique es un factor que influye en el comercio ilegal, pero no mencionó el caso reciente en que el Presidente Arce donó un auto robado en Chile (ver entrevista relacionada). Otro tema recurrente fue el aumento de la violencia. José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Chile, dijo que el crecimiento del comercio callejero va ligado al aumento de la violencia, que es la principal preocupación de los chilenos. Los expertos y líderes gremiales coincidieron en que ya no se trata solo de un comercio ilegal hormiga, sino que ahora hay mafias del contrabando y que operan con violencia.
Vargas dijo a «El Mercurio» que aún no identifican a agrupaciones criminales específicas, como el Tren de Aragua o los carteles brasileños, en el control del contrabando, pero que sí hay grupos de personas que están copando esta actividad criminal. Con diferencias y puntos en común, se espera que a esta actividad sigan nuevos intentos por terminar con el comercio ilegal que golpea a los tres países. Mientras, en el Barrio Chino, Desaguadero y lugares similares, continúa el comercio del contrabando que entra por las fronteras bolivianas, porosas y con escasa vigilancia y recursos.
