El sector privado se ha articulado en torno a la Comisión Tributaria de la CPC, que ha evaluado críticamente el diagnóstico de Hacienda y se jugará por morigerar el proyecto en el Congreso.
EL empresariado estará atento mañana a la presentación del esperado proyecto de reforma tributaria del Gobierno.
Lo que se anticipa es que probablemente sea entregada en tres proyectos de ley distintos, aunque el corazón estará centrado en los impuestos a las personas, con el principio de que quien tiene más, debe aportar más. El sector privado ya ha levantado alertas respecto por ejemplo a un eventual impuesto al patrimonio (conocido como el tributo a los súper ricos) o a la complejidad que significaría desintegrar el sistema.
Sin embargo, los gremios empresariales tienen una dificultad: esta vez no deberán defender empresas, cual es su misión, dado que el impuesto corporativo no será modificado, sino a personas, los dueños de esas empresas, quienes se verían afectados individualmente por los cambios. “Si hay un impuesto al patrimonio, obviamente se termina afectando al empresario, que es dueño del patrimonio. Ellos se pueden ver afectados en un cambio de régimen tributario. Si se desintegra el sistema o con un sistema dual, igual se verán afectados, aunque no se cambie el impuesto de primera categoría. Por eso, los gremios pueden tener interés en influenciar”, opina el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco. “Es complejo dividir a la empresa de su dueño”, añade. Cuando son consultados los representantes de la gran empresa, levantan una apreciación más general, sin apuntar a esta diferencia entre empresario y empresa. “No es llegar y decir que son los ricos los que tienen que pagar y listo, ese es un mal diagnóstico. Los países, sobre todo de la OCDE, tienen tasas racionales y que permiten que los impuestos finales globales sean competitivos. No puede haber impuestos expropiatorios, ni que te pongan fuera de un ámbito competitivo”, sostiene el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil. Gremio prepara la estrategia En la CPC de todos modos están decididos a enfrentar la reforma durante su tramitación en el Congreso.
Se han articulado en torno a su Comisión Tributaria, donde se levantan propuestas y discuten estrategias (ver minired). El grupo, liderado por el abogado tributario Christian Blanche (ver mini entrevista) acompañado de Sutil y de su jefe de Políticas Públicas, Javier Irarrázaval, suma a representantes de los gremios de la minería (Sonami), la industria (Sofofa), comercio (CNC), agricultura (SNA) y la banca (ABIFE) y un equipo asesor de expertos.
Si bien la comisión existe en el papel desde hace una década, se activó durante la discusión constitucional y expuso ante la Convención, aunque su experiencia fue negativa, pues en la CPC creen que no los escucharon. Luego, participaron en los diálogos sociales organizados por el Ministerio de Hacienda y se reunieron con el coordinador legislativo de la cartera, José Riquelme, y el coordinador de política, Nicolás Bohme.
Si bien valoran la disposición de la gente de Marcel, sienten que su diagnóstico de línea de base es errado, pues se sustentan en que existiría una brecha de carga tributaria mucho mayor entre Chile y la media de los países de la OCDE.
Según el estudio de la propia OCDE dado a conocer por el Gobierno el viernes, la carga tributaria de Chile se encuentra entre las más bajas de los países que integran esta agrupación de naciones ricas. En 2019, sostiene el informe, la carga tributaria de Chile (relación recaudación/PIB) fue del 20,7 % comparada con el 33,8 % de la OCDE.
Sin embargo, en la CPC sostienen que estas cifras deben corregirse excluyendo las contribuciones a la seguridad social -lo que también hace el informe de OCDE-, con lo cual la carga de Chile queda en 19,6 % y la OCDE en 24,3 %, o sea una brecha de 4,7 puntos.
Y un estudio de Clapes-UC, que va en línea con lo reclamado por la multigremial, establece que además se debe corregir por nivel de ingreso y estructura poblacional, con lo cual la brecha se reduce a menos de dos puntos.
Por eso, cuando piensan que la reforma traerá mayor impuesto a la renta, impuestos patrimoniales (en dos tramos, un 1% para fortunas superiores a US$5 millones y 2% para más de US$15 millones), fin a exenciones, mayor control de evasión y elusión, y, sobre todo, la desintegración del actual sistema, que también podría traducirse en más tributos a personas y empresas, calculan que esa brecha se supera con creces. La meta del Gobierno es recaudar 4,2 puntos del PIB en régimen.
“Siempre hemos sostenido que Chile debe compararse con los países OCDE, pero cuando estos tenían nuestro mismo ingreso per cápita, y cualquier comparación debe hacerse incluyendo lo que pagamos por seguridad social”, advierte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. Otro argumento que evalúan esgrimir en la CPC es la base tributaria, es decir, quiénes pagan impuesto.
Esto, dado que sólo el 25% de las personas imponen, mientras que el 75% está exento (quienes gana cerca de $730 mil mensuales hacia abajo). Y en ese sentido, creen que hay espacio para ampliar la base tributaria hacia los sectores medios (como planteaba el exministro Ignacio Briones) e incluso para reducir los tramos del Impuesto Global Complementario. “Con el actual sistema le pegas poco a los sectores altos y lo más afectado es la clase media. Por eso se debe analizar la estructura de los tramos”, comenta un miembro de la comisión de la CPC. Pero al contrario, el Gobierno querría subir los tramos del IGM de 8 a 10. Dos veces al mes Desde el año pasado, el brazo tributario de la CPC se reúne dos veces cada mes. Correspondía la semana pasada, pero no se encontraron, a la espera del proyecto gubernamental. Mientras, incorporan también a su evaluación estratégica el momento en que se presenta la reforma, pues consideran que una eventual recesión no es el momento idóneo. Es más, creen que el Gobierno podría enviarles una señal de empatía mediante incentivos a la inversión y al crecimiento. “Nosotros queremos discutir los temas, no podemos evadirlos. Esperamos que esto no se discuta sólo aspirando a una tasa de recaudación. Debe existir seguridad tributaria para el largo plazo, significa incentivo a la inversión, al desarrollo, a mejores empleos”, dice Sutil. No golpea a todos por igual Ahora, no toda la reforma golpea a todos por igual. Y cada gremio tiene peleas individuales que dar.
Y la minería es la que lleva la delantera, pues se espera que el Gobierno presente indicaciones al proyecto de royalty que se discute en el Senado y que iría a gravar un porcentaje de las ventas mineras. “Reiteramos la inconveniencia de aplicar un royalty ad valorem (al valor) a la industria minera.
Este impuesto es regresivo y afecta la competitividad de las minas chilenas, ya que el parque productivo es heterogéneo y el margen operacional de las compañías no depende sólo del precio del cobre”, comenta Diego Hernández, presidente de la Sonami.
En la agricultura y el transporte, por ejemplo, están atentos a la posibilidad de que se termine con el sistema de renta presunta (utilizado por muchos empresarios de estos rubros) o los subsidios tributarios al petróleo diésel, que también golpea a la minería. “Se ha discutido renta presunta. Eso ya está entregado, pero debe existir una transitoriedad, porque no todo el mundo tiene acceso a tecnología. Otro es el impuesto al combustible. Gremios han discutido si es un buen momento para tocar esa tecla, en momentos de alta inflación y donde los precios pasarán a los consumidores. La disposición siempre está, pero se necesitan señales”, comenta el director de un gremio. En la construcción esperan cambios en los impuestos territoriales. Aunque sienten que ya existe una sobretasa que afecta a los proyectos inmobiliarios, asumen que se podrá hacer esfuerzos en la medida que se asegure mayor certeza a la hora de desarrollar los proyectos.
