Estamos siendo testigos de uno de los hitos clave en el proceso liderado por la Convención: las votaciones de normas en el Pleno y, con ello, las primeras propuestas de texto Constitucional. Con todo, este proceso no ha estado exento de críticas.
Somos muchos a quienes nos preocupa que algunos sectores estén siendo excluidos del debate y del proceso deliberativo, que el Pleno no haya estimado prudente morigerar ciertas posiciones, y que iniciativas populares de norma impulsadas con gran fuerza desde la sociedad civil, alcanzando un importante número de firmas, hayan sido rápidamente desechadas en las respectivas comisiones.
Este fue el caso, por ejemplo, de la IPN Primero las Víctimas, apoyada por nuestro gremio, que pretendía consagrar el derecho a la seguridad ciudadana, buscando además justicia, reparación y protección para quienes sean víctimas de la violencia, la que reunió más de 26 mil firmas. Algo similar ocurrió con el rechazo a la iniciativa relativa a la libertad de emprender. Si bien las reglas de participación ciudadana eran por todos conocidas, no podemos ignorar la profunda frustración que provocó que estas iniciativas no hayan llegado siquiera a discutirse en el Pleno de la Convención.
Lo anterior ha gatillado que varios constituyentes señalen que una parte importante de la Convención está haciendo oídos sordos a la voz de la ciudadanía, provocando así desconfianza en el proceso, y como consecuencia de estas señales, algunos actores ya se han adelantado a plantear soluciones y escenarios alternativos de cara al plebiscito de salida.
En efecto, a la luz de las recientes decisiones pareciera que la Convención pretende proponernos una nueva Carta Fundamental, que no solo no representa ala ciudadanía, sino que no se hace cargo de los problemas de las personas, genera falsas expectativas, promueve ideologías fracasadas y, por último, se da el gusto de desmantelar cimientos de certidumbre jurídica vitales para la convivencia. Esta situación se ha visto agravada por el reciente anuncio del convencional Rojas Vade en orden a retomar sus funciones. Al respecto, existe amplio consenso del perjuicio que ha causado ala Convención, no obstante, pareciera que no existe voluntad real de cuidar este proceso tan importante para nuestro país.
En este marco, lo que más nos preocupa y ocupa es que finalmente este proceso histórico se divida entre quienes aprueban y quienes rechazan, dejando al país sumido en caricaturas que empañan el proceso virtuoso que puede resultar de la deliberación y el diálogo constitucional.
Como actores de la sociedad civil y representantes del comercio, servicios y turismo, todos sectores profundamente afectados por la crisis social y sanitaria, tenemos algo que decir: la propuesta de un nuevo texto constitucional debe ser el reflejo de la casa de todos y todas, hoy no lo es, y nuestra elección en el plebiscito de salida debe tener como eje la satisfacción de esta premisa. Esperamos sinceramente, por el bienestar de nuestro país, que así sea.
Ricardo Mewes Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
