Ha habido una evolución en el foco de la ley REP. Hoy no solo apunta al objetivo de aumentar las tasas de reciclaje, sino que también está contribuyendo efectivamente a promover la transición hacia el cambio de paradigma que propone la economía circular, a fin de reducir drásticamente los residuos que van a parar a rellenos sanitarios o sitios de disposición final.
Los residuos eléctricos y electrónicos (RAFE) son el tipo de desechos que crece más rápido en el mundo. Según el Global E-Waste Monitor 2020 de la ONU, el mundo alcanzó un récord de generación mundial de residuos electrónicos en 2019, con un total de 53,6 millones de toneladas métricas y 7,3 kilos en promedio per cápita. Esta cifra representa un aumento del 21% en los últimos cinco años y, de continuar esta escalada, se llegará a 74 millones de toneladas para 2030.
De acuerdo a estas cifras, Sebastián Carvallo, coordinador nacional APL de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC), señala que lo grave es que solo el 17,4% de los residuos electrónicos se recogieron y reciclaron; el resto generalmente acaba en paradero desconocido, situación que constituye un problema ambiental de gran envergadura, porque la chatarra electrónica aporta hasta un 70% de los residuos peligrosos que acaban en vertederos, ya que libera sustancias altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente, como plomo, mercurio o arsénico, y gases que agotan la capa de ozono o que influyen en el calentamiento global. «Esto significa además que los materiales de alto valor que contienen los RAEE, como oro, plata, cobre, platino, entre otros -cuyo valor ronda los USD 57.000 millones, más que el producto interno bruto de la mayoría de los países- no fueron recogidos para su tratamiento y reutilización y, por el contrario, se vertieron o quemaron en su mayoría», recalca Carvallo.
¿Qué está haciendo Chile?
Chile no escapa a esta realidad. -Somos el país que genera más residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por habitante en Latinoamérica: 9,9 kilos, superando el promedio mundial. Y las tasas de recolección y reciclaje ascienden solo al 3,4%», enfatiza el experto de ASCC. Asimismo, Carvallo agrega que: «Evidentemente, es imperativo contar con un sistema de manejo integral ambientalmente adecuado de los desechos eléctricos y electrónicos. Con la implementación de la Ley 20.920 se busca hacer frente a este desafío en Chile. La temática sobre gestión de residuos a nivel domiciliario e industrial ha logrado sustanciales avances durante los últimos años en Chile. Pero si bien existen iniciativas y emprendimientos para el tratamiento de los residuos de AEE, son insuficientes para el gran volumen que se genera. Con la promulgación en 2016 de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pasaron a ser una prioridad».
