Análisis de Melero y asociados muestra que 65 apoyan una consagración constitucional con nuevos y más límites al derecho de propiedad, y 66 están por un sistema público de pensiones.
Un análisis sobre las propuestas en materia institucional y de orden público económico planteadas por los 155 constituyentes electos el pasado fin de semana para redactar una nueva Constitución realizó la consultora Melero y Asociados.
El estudio da cuenta de las niones contenidas en los programas delos convencionales expuestos durante el período de campaña previo a los históricos comicios, “Dichas opiniones pueden cambiar en el curso del debate constitucional, por lo que las conclusiones de este trabajo deben considerarse solo como una imagen del punto de partida del trabajo constituyente”, precisa el informe. En la consultora advierten que si bien se puede apreciar una clara tendencia en casi todos los tópicos analizados, los matices al interior de las opiniones mayoritarias pronostican intensos debates para alcanzar acuerdos amplios. También precisan que casi la totalidad de los constituyentes representantes de pueblos originarios no expresaron opinión respecto de los temas analizados en el estudio, centrando sus propuestas en las necesidades de cada etnia. “Dicho lo anterior, la opinión de este segmento de constituyentes sobre los temas abordados será muy relevante en los acuerdos finales acerca decada uno de ellos”, añade Melero y Asociados. También se advierte la diversidad de opiniones que hay en la Lista del Pueblo que tiene 27 representantes.
En materia de derechos sociales, unos 120 convencionales están a favor de avanzar hacia un Estado social de Derecho, que implica fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales como la educación, la salud y la vivienda, entre otros (ver gráfico). Mientras que solo 18 respaldan mantener el Estado subsidiario.
En inversión extranjera, 96 convencionales apoyan restringirla o prohibirla, Dentro de ese grupo, hay 29 que apoyan una autorización estatal en sectores estratégicos, mientras que hay 8 que están por prohibirla en las áreas que se definan; 51 piden permitirla en solo algunos rubros, que según los autores del análisis podrían ser distintos a sectores regulados como energía y agua, y 8 proponen impedir el capital extranjero a todo evento. A su vez, solo 36 están por conservar un estatuto para inversionistas foráneos Sin restricciones. Unos 108 constituyentes abogan por mantener la autonomía del Banco Central en la nueva Carta Fundamental, aunque con ciertos matices en materia de nuevas funciones y coordinación con el Ejecutivo. Una minoría (14) está por la no independencia del instituto emisor.
En derecho de propiedad, unos 30 están por mantener la actual consagración constitucional, mientras que 65 apoyan avanzar hacia un reconocimiento en la Carta Magna de ese derecho que es clave para la inversión privada, pero fijando nuevos y mayores límites.
En tanto, 39 son proclives a tener una consagración legal de la propiedad, con ciertos matices (ver gráfico). En materia previsional, 66 apoyan que se avance a un sistema público de pensiones, que incluya etapa de transición para llegara ese esquema. Esto implicaría terminar con las AFP. En la vereda opuesta, 39 apoyan continuar con la capitalización individual. En salud, 43 constituyentes plantean poner fin a las isapres y el mismo número propone un acceso igualitario, con estándares comunes para todos.
En tanto, 18 están por mantener la libre elección del sistema de salud, entre pública y privada Interpretación de resultados Manuel Melero, socio de Melero y Asociados y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, reconoce que “aunque hay una tendencia de izquierdización, yo no veo un cambio muy dramático. Espero que así funcione la Convención y que se avance en acuerdos”. De todos modos, Melero -de acuerdo a los resultados del estudio anticipa mayores tensiones en los debates de inversión extranjera, pensiones y salud. También estima que “se quiere aumentar la participación del Estado en la economía, pero no es una participación específica o con propósitos sociales”.
Se estima que en torno a julio empezará a sesionar la Convención Constitucional en la sede del ex Congreso.
